El retraso de las tarifas de los servicios públicos tiene ya una magnitud imposible de justificar; un desperdicio de recursos, no renovables muchos de ellos, rayano en la irracionalidad; un volumen de fondos muy difícil de financiar. Visto desde el lado de las empresas prestadoras, los aumentos de sus costos del 700 o 1000 % desde la convertibilidad frente a tarifas que aumentaron muy debajo, demandan recursos públicos para financiar el bache que crecen en forma casi explosiva. Según estimaciones difundidas por El Cronista del 14 de noviembre pasado, la cuenta por subsidios este año rondaría casi el 5 % del PBI, muy por encima del 0,63 % que representaba en el 2005. Visto desde el lado de los usuarios, por su parte, el retraso de las tarifas ha generado sin distinción de clases sociales una cultura de servicios “gratuitos”, “baratos”, “acordes con el poder adquisitivo”, que el propio gobierno ha padecido en carne propia más de una vez: cuando quiso ajustar las tarifas tuvo que retroceder o producir solo cambios cosméticos por las críticas recibidas. Las tarifas baratas dan origen también a beneficios inmerecidos en muchos casos.

Argumentar que los salarios y los ingresos de comerciantes, industriales, talleres o empresarios agropecuarios han aumentado 6, 8 o 10 veces por encima de las tarifas de los servicios públicos desde la convertibilidad difícilmente consiga adhesiones. Se ha arraigado en la población una cultura de servicios públicos baratos, claro está, pero también ha aparecido en muchos grupos poblacionales el “síndrome del aire acondicionado en el patio”. El congelamiento de las tarifas ha provocado sin embargo otros problemas que el grueso de la población no percibe en su total dimensión, a menos que sea afectado en forma directa por algún corte de luz, una rotura de caño o una pérdida de gas. Uno afecta el presente: tarifas bajas demandan elevados subsidios y como estos son muy abultados los recursos públicos no alcanzan para mantener las instalaciones y equipos afectando esto notoriamente la calidad del servicio. Que los indicadores de calidad de los servicios públicos hayan desaparecido no significa que la calidad no se deteriore; desapareció el termómetro, no la fiebre. El otro problema afecta el futuro: recursos públicos insuficientes impiden que los servicios públicos se expandan y que una mayor cantidad de habitantes mejoren su calidad de vida.