Publicado en La Capital del 16/01/17.
Casi como una ironía de la historia, en las últimas semanas el Indec dio a conocer cifras oficiales acerca del ingreso de la población urbana en el tercer trimestre de 2016. El dato impactante, aportado por el organismo, es que el 50 por ciento de las personas que viven en ciudades del país tienen un ingreso que no llega a los 8.000 pesos mensuales.
Este dato no sólo causa escozor, sino que cuando se lo pone en contexto con el 32 por ciento de pobres, el 35 por ciento de empleos en negro y el 40 por ciento de informalidad económica, describe un entramado social muy complejo que no otorga margen para el error. Y menos para ajustes a los que menos tienen.
Paradójicamente, la actual administración nacional, el 2 de enero dio por finalizada una medida de alivio fiscal a los contribuyentes que Argentina tenía desde hacia 15 años: la devolución parcial del 5 por ciento del IVA.
La noticia recorrió los escasos medios que durante el verano se animan a cubrir contenidos que causan malhumor a la gente y entre los argumentos que las fuentes oficiales citaban se podían destacar “el ahorro fiscal que la medida provocaba”, “el modesto efecto sobre el comportamiento que la medida presentaba en los últimos tiempos”, “los nuevos beneficios de devolución parcial del IVA que los más desprotegidos contaban a partir de la sanción de la Ley 27.253”, etcétera. Todos argumentos si se quiere, parciales, un tanto sesgados e incluso falaces.
De dónde viene
Repasando muy brevemente el camino recorrido por esta medida fiscal, inusualmente sostenida por nueve presidentes (incluyendo el primer año de mandato del ingeniero Mauricio Macri) y relevada en la casuística mundial por lo novedoso de la organización del sistema de devolución parcial del impuesto –que lleva a reintegrar parte de la alícuota sin eximir pago alguno a ningún integrante de la cadena de producción–, podemos señalar que cuando se decidió aplicarla m allá por noviembre del 2001, previo al corralito, había unos cinco millones de plásticos distribuidos, aunque sólo un millón y medio de ellos se utilizaban para efectuar transacciones. La casi totalidad de las tarjetas estaban en poder de hombres de negocio, y en menor medida de trabajadores formales y/o autónomos bancarizados.
El beneficio alcanzaba hasta el reintegro del 5 por ciento del IVA por compras efectuadas con tarjetas de débitos por un monto de 1.000 pesos –recordando que eran pesos-dólares, es decir más de 16 mil actuales– y del 3 por ciento en las tarjetas de crédito. Si vale la aclaración, con ese tope se podía comprar una heladera “no frost” por día, con lo cual prácticamente no había argentino que utilizara la tarjeta que no advirtiera el efecto concreto de la medida en su bolsillo, y lo aplicara.
En el primer año de puesta en práctica se reintegraron unos 178 millones de pesos. Eso era el equivalente al 0,08 por ciento del PBI. Al año siguiente, en el 2003, la cifra casi se triplicó y llegó a los 459 millones de pesos.
Sucesivamente, el decreto del presidente Fernando De La Rúa fue prorrogado por los distintos gobiernos y sus distintos ministros de economía, con pequeños cambios pero manteniendo su impronta inicial.
No obstante, algunas cosas cambiaron. De las 5 millones de tarjetas originales, hoy el sistema supera los 38 millones de plásticos. Las tarjetas que usaban el beneficio pasaron de 1.5 millón a más de 15 millones de personas en el 2016. El monto del gasto tributario –dinero devuelto al bolsillo de los contribuyentes– pasó de 177 millones de pesos a los 6.000 millones en el 2016, lo cual implica haberse multiplicado por 34. Pero nunca se cambió el tope de 1.000 pesos diarios por tarjeta (y eso que pasó de los equivalentes 1000 dólares en el 2001 a los escasos 61,34 dólares de hoy).
Ahora bien, en el 2001 la medida tuvo dos claros objetivos: incentivar la bancarización de las personas (y ayudar a blanquear la economía) e incentivar el alicaído consumo de aquellos años de depresión, vía estímulo directo al consumo de los bolsillos castigados.
Las preguntas que cabrían hoy formularse de cara a la decisión tomada por el nuevo ministro son: ¿siguen siendo válidos aquellos objetivos, actualmente el consumo está en franco crecimiento, la presión impositiva para los asalariados bajó, la pobreza desapareció, la informalidad se acabó? En definitiva, ¿es el momento y el lugar adecuado para comenzar a reconstruir el equilibrio fiscal? Preguntas de respuestas inciertas.
Una medida irracional
Para finalizar, un ejemplo que ilustra la irrazonabilidad de la medida: un trabajador que cobre un salario de 12.000 pesos mensuales, suponiendo que gaste todo su ingreso en compras de alimentos (lo que es muy probable si tiene una familia que mantener) en un comercio inscripto en la Afip, con el decreto derogado recuperaba 495,6 pesos (un 4,13 por ciento de su salario), en tanto que con la vigencia de la ley 27.253 –si clasifica en los tipos de beneficiarios– sólo se le devolverían 300 pesos (el máximo mensual). ¿Dónde está la lógica para los que menos tienen?
Con lo cual una medida de estímulo tributario, concreta, directa, inmediata y universal que quitaba regresividad al IVA se volvió discreta, específica y focalizada, y fortaleció la regresividad del impuesto más duro para el bolsillo de la gente de a pie.
Como alguna vez dijera un histórico secretario de Hacienda de la Nación: “Los impuestos que más duelen son los que se ven”. Quitar unos de los pocos beneficios tributarios, concreto, claro, de amplio alcance, modelo a nivel mundial, es cuanto menos ir a contramano de la historia. Que por lo que refiere el Indec no se trata de un paraíso.
Por el contrario, debería haber mejorado el instrumento en lugar de anularlo. Apalancar el consumo en baja, ampliar la devolución al 21 por ciento –en los alimentos de la canasta básica– e inundar de posnet a todo el país, ayudando a formalizar la economía ennegrecida.
En fin, seguimos sin ser capaces de aprender de nuestra propia experiencia y de entender que pasa a nuestro alrededor.