Publicado en El Heraldo de Concordia del 02/05/2014

El Estado Provincial ha acordado recientemente con el Gobierno Nacional el Plan Nacional de Convergencia Tarifaria.
Este instrumento, suscripto por casi todas las provincias, las obliga a congelar las tarifas eléctricas por un año contado a partir del 1 de enero del corriente; a cambio, el Gobierno Nacional les transfiere fondos “destinados a financiar obras sensibles para el sector eléctrico provincial”. La Provincia, se ha dicho, recibirá a cambio unos 80 millones de pesos. Se especula que la Nación, por su parte, se asegura por un año que la eliminación de los subsidios al consumo eléctrico que dispondrá en los próximos meses no impacte sobre los usuarios y sea soportada por otros actores, el Estado provincial y las empresas distribuidoras entre ellos. Es importante que no sea soportado por los usuarios. En este sentido, algunas cuestiones son importantes para perfeccionar el acuerdo y preservar los intereses de los ciudadanos:
a) Es bueno que las tarifas no suban. Si las tarifas se congelan y los costos siguen subiendo, el sistema ajusta reduciendo la calidad del servicio. Hay que controlar la calidad entonces para que el ajuste no lo soporten los usuarios. La Provincia dispone de tres organismos para regular, controlar y prestar el servicio eléctrico de distribución: Secretaría de Energía. Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y Enersa. A pesar de ello, no existen en la Provincia ningún tipo de indicadores públicos que permitan evaluar y monitorear la calidad del servicio eléctrico. Más que un Estado grande, es necesario un Estado eficaz. El Estado Provincial debe entonces elaborar y difundir indicadores de calidad que permitan saber, por ejemplo, si hay más o menos cortes que antes y si estos son de mayor o menor duración;
b) Es conveniente que las tarifas no suban; mejor aún que bajen sin resentir la calidad del servicio. Algo “simple” puede hacer el Estado: rebajar los impuestos que gravan el consumo eléctrico que, en la Provincia, son de los más elevados del país. Hay Municipios en la Provincia que gravan el consumo eléctrico con la Tasas que superan a veces el 20 %; agregando la Contribución Municipal, los impuestos y fondos provinciales y los impuestos nacionales (IVA y Ley 23681) puede concluirse que el consumo eléctrico tiene en algunos casos una carga impositiva superior al 50 %. Si la preocupación es la equidad, una reducción de estos impuestos beneficiaria en mayor medida a los usuarios de menores ingresos y el Estado en sus tres niveles, de esta manera, soportará algo del ajuste que se viene;
c) La Provincia recibe de la Nación desde hace décadas y mes a mes fondos destinados para financiar obras eléctricas a través del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de Interior (FEDEI) y el Fondo de Compensaciones Regionales de Tarifas (Ley 24065) que en el 2013 redondearon unos $ 35 millones. Si a pesar de estos fondos las tarifas aumentaron últimamente en forma significativa y las inversiones no fueron suficientes para frenar el deterioro, es fundamental que los 80 millones que se dice recibirá la Provincia sean destinados a financiar la inversión y no sean destinados para otros fines. Si las tarifas de Enersa y las Cooperativas permanecen congeladas y sus costos crecen al ritmo de la inflación, que puede incluso ser mayor pues la eliminación de los subsidios aumentará el precio de la energía que Enersa compra en el mercado mayorista, no es ocioso preguntarse ¿adónde irán a parar los $ 80 millones? ¿ se destinarán a financiar inversiones y obras? No es difícil la respuesta.