Sobre el puente de Avignon
todos bailan, todos bailan.
Sobre el puente de Avignon
todos bailan y yo también
(Antigua canción infantil)
Todos los actores sociales reclaman fondos estatales. La mayoría demandan mayores o nuevas asignaciones de fondos. Otros reclaman reducción de impuestos. Ambos convergen en el presupuesto, el del ejercicio actual y el del próximo año, aumentando la diferencia entre ingresos y egresos. El gasto público ha estado creciendo a un ritmo mucho mayor que el de la recaudación impositiva agrandando el bache fiscal y, además, llevando el nivel del gasto a niveles muy altos. Gran parte de las demandas recaen sobre el denominado gasto social, la parte del gasto del Estado[1] que se destina a “servicios sociales”.
Los datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas muestran que el gasto primario del sector nacional del mes de octubre último creció unos $ 64.537,6 M y los ingresos primarios lo hicieron en sólo $ 23.756 M perfilando un resultado primario sin las denominadas rentas financieras ( pago de intereses de la deuda pública, ingresos por utilidades del BCRA, ingresos producidos por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de – $ 62.958,7 millones, por encima del déficit observado en octubre del año pasado en $ 40.781,6 M. Incorporando las rentas financieras el déficit de octubre trepa a – $ 77.500,46 M, que representa un aumento de $ 59.738,4 M.
Las cuentas de los diez primeros meses del año por su parte muestran un resultado primario negativo de – $ 286.023,0 millones, $ 116.8636,6 millones de aumento respecto de igual período del año pasado ( -$ 169.186,4 millones). En este período a su vez los ingresos crecieron 25,9 % y los gastos lo hicieron a un ritmo superior al 32 %.
Las demandas por mayores asignaciones se centraron en los últimos quince días sobre la Ley de emergencia social aprobada en el Senado de la Nación y enviada para su tratamiento a la Cámara de Diputados. Hubo importantes movilizaciones en su respaldo y, posteriormente, reuniones entre el gobierno y organizaciones sociales. La Ministra Stanley en nombre del gobierno arribó a un acuerdo con las organizaciones sociales que impulsaron la ley de emergencia social (CTEP, CCC, Barrios de Pie) que se plasmaria en un nuevo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitirá a las próximas sesiones extraordinarias en reemplazo de la aprobada por el Senado. Según el Diario La Nación, dicho acuerdo se resume en:
“… extender la emergencia social hasta diciembre de 2019….. Unificar y elevar a 4000 pesos por mes los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, hoy con beneficios de 3450 pesos por mes. Los titulares de esos planes van a cobrar un bono de fin de año de 2030 pesos, antes del 29 de diciembre. Se dispuso un aumento del 40 por ciento en las partidas correspondientes a comedores comunitarios y del 63 por ciento en las destinadas a merenderos comunitarios. El Ministerio de Desarrollo Social distribuirá además un millón de canastas navideñas. Respecto del bono de fin de año para titulares de AUH, el Gobierno mantuvo la oferta de 1000 pesos por familia y 250 pesos extras a partir del segundo hijo. En cuanto al proyecto de emergencia social, se estableció la creación de un “registro nacional de la economía popular” y del “consejo de la economía popular y el salario social complementario”. La implementación del salario social complementario, para que los trabajadores informales alcancen el salario mínimo, “deberá realizarse en forma progresiva en la medida de las posibilidades presupuestarias del Estado nacional”. El desembolso comprometido es de $ 30.000 millones en tres años, que se suman a $ 17.000 millones ya presupuestados para 2017. Si se usaran para crear puestos de trabajos en cooperativas, podría pasarse de los 300.000 actuales a más de 500.000″.
Gran parte de los nuevos recursos asignados son reasignaciones de partidas. Habrá que ver como queda finalmente el presupuesto de este año y el del año que viene. Con los datos del presupuesto vigente de este ejercicio expuestos en el sitio del ciudadano hasta el 23 de noviembre y los del presupuesto 2017 expuestos en el Mensaje de elevación del Poder Ejecutivo puede sin embargo ubicarse en un contexto histórico los recursos del Estado Nacional destinados al denominado Gasto Social.
El gasto social del actual ejercicio según el sitio del ciudadano es de $ 819.323 millones a precios de 2015, el valor histórico mas elevado de los últimos nueve años si se exceptúa el año 2015, un año excepcional, un año de campaña electoral de un significado muy especial. No es ocioso destacar aquellos años de campaña electoral: en el año 2014 no hubo elecciones y el gasto social cayó un 4,2 % en términos reales respecto de 2013, año de elecciones. Algo similar ocurrió en 2015, año de elecciones: el gasto social creció en términos reales un 11 % respecto de 2014. El gasto social en 2016 ha caído en términos reales respecto del año 2015 pero resta todavía saber como finaliza la ejecución presupuestaria del presente ejercicio. Usando las proyecciones de inflación del presupuesto 2017 (12%-17%), nuevamente, año de elecciones, y los valores expuestos en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, que sin duda serán modificados por el debate parlamentario, el gasto social del año 2017 será significativamente mayor al del año anterior, un aumento del 14,4 % en términos reales, una expansión muy elevada. El gasto social previsto para el año 2017 será asmismo el mas elevado de la historia argentina, mayor en un 9 % al gasto social que ejecutó la Presidente Cristina de Kirchner en su último año de mandato.
Una mirada sobre la trayectoria de los últimos años muestra además la verdadera dimensión de los actuales valores del gasto público con fines sociales. El previsto hasta ahora para el año 2017 será en términos reales 76 % mayor al registrado diez años atrás; una tasa de crecimiento acumulativa anual del 5,8 %. En % del PBI, el gasto social ha tenido un crecimiento también muy elevado: en 2007 absorbía el 9,52 % y en el 2017 alcanzaría el 15,51 %.
[1] El Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional ( sexta edición, 2013) clasifica al gasto público de diversas maneras. Una de ellas es la clasificación funcional que lo presenta según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas prestan a la comunidad permitiendo esto determinar los objetivos generales y los medios a través de los cuales se estiman alcanzar éstos. El Gasto clasificado por finalidad distingue cinco tipos: Administración gubernamental, Servicios de defensa y seguridad, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Deuda Pública. Los Gastos en servicios sociales a su vez son aquellos destinados a diversas acciones inherentes a la prestación de servicios de Salud, Promoción y Asistencia social , Seguridad Social, Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, Trabajo, Vivienda y Urbanismo, Agua Potable y Alcantarillado y Otros Servicios Urbanos..