El intento del gobierno por eliminar el subsidio al aceite comestible disparó otra virulenta controversia[1]. Se abroquelaron dos bandos en pugna y apelaron a argumentos y cifras diversas de notable impacto en los medios de comunicación pero muchas veces con poco respaldo. Importa dilucidar si su eliminación se justifica en la actual coyuntura económica o es mas conveniente esperar hasta un momento mas propicio y la situación inflacionaria aparezca bajo control. La devaluación y la eliminación de las retenciones ha mejorado la rentabilidad del negocio agropecuario y de la industria aceitera aunque los precios internacionales están lejos de aquellos que se verificaron en el boom de varios años atrás; consecuentemente, la eliminación de la retención del 1,2 % destinada a financiar el subsidio al precio del aceite comestible sería en la actual coyuntura mas una muestra de dogmatismo antes que una medida de política económica de instrumentación impostergable. Su eliminación comenzó a gestarse ya en diciembre del año enarbolando la bandera del “libre mercado” aunque luego fue prorrogada sucesivamente dos veces al paso que se autorizaban aumentos de precios y las empresas aportaban los fondos a un ritmo decreciente[2]. En el interín los reajustes de precios al consumidor se aceleraron pero, frente a la controversia, el gobierno decidió una nueva postergación. Finalmente un nuevo acuerdo entre el gobierno y los aceiteros estableció que los precios sólo podrán incrementarse en agosto hasta un 4 % en mezcla y 6 % en girasol. Un comunicado del Ministerio de Producción resumió la situación en que la medida implica un incremento de entre $ 0,69 y hasta $ 1,5 por botella de 900 cc según el tipo de aceite y la región del país y que el valor de tal presentación oscila entre $ 17,20 y $ 19 para el aceite mezcla y entre $ 18,69 y $ 22 para el de girasol en la Ciudad de Buenos Aires según la plataforma Precios Claros. El acuerdo se inserta según el comunicado en la política de corrección de las distorsiones en el mercado aparecidas a partir de 2008 con la instrumentación de subsidios que llevaron el precio del aceite “… a un valor muy por debajo del real, poniendo en riesgo los miles de empleos en la cadena de valor de la industria. Los críticos de la eliminación del subsidios en tanto sostuvieron que el precio del aceite crecería desmedidamente impactando en el costo de la canasta familiar. Otros en tanto argumentaron que la eliminación del fideicomiso beneficiaba a los exportadores, acrecentando la mejora en la rentabilidad ya obtenida con la devaluación y la eliminación de las retenciones, y en nada beneficiaba a los chacareros y productores. Entre diciembre de 2015 y julio de 2016 continua el argumento el aceite de girasol y mezcla “…aumentó mas del 80 % pasando de un precio promedio de $ 17,70 a $ 31,90..” y es producto directo de la devaluación y la quita de retenciones de diciembre pasado instrumentada por el nuevo gobierno[3].

[1] El origen de la cuestión se remonta a  Abril de 2007 cuando se instrumentó la resolución 344/07 de la célebre ONCCA creando un régimen de compensaciones para aceites vegetales comercializados en el mercado interno; el Estado financiaba el subsidio mediante este mecanismo. Afines de 2010, luego de enfrentamientos y controversias entre el gobierno, los exportadores y los supermercados, se instrumentó  un fideicomiso constituido con el 1,2 % del valor de las exportaciones de aceite y otros derivados de girasol, soja y biodiesel destinado a financiar el subsidio al precio del aceite comestible.

[2] La Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (CIARA) respaldaba la eliminación del subsidio en diversos argumentos: a) sólo el 25 % del aceite comestible que se comercializa via supermercados llega al consumidor consubsidio en tanto que el 75 % restante paga el precio pleno sin subsidio ya que se comercializa por bocas de muy difícil control; b) Un precio del aceite comestible tan subsidiado estimula el contrabando, la reventa y el mercado negro; c) en 2014 el fideicomiso acumuló $ 1272 millones y entre enero y mayo de este año recibió u$s 111 millones, distribuyéndolos entre las empresas que envasan y comercializan en el mercado interno en función de los litros de aceite comercializados por cada una; d) la eliminación del subsidio derivado del acuerdo entre los aceiteros y el gobierno “solo” había provocado una suba del 36 % del precio hasta julio y en agosto se completaría con una suba de “apenas” un 30 %; de este modo, el precio de un 1,5 litro de aceite en botella, que antes de la suba costaba $ 19, a mediados de julio costaba $ 26 y según la página de Precios Claros se conseguía en algunas bocas de expendio en torno de los $ 30; el de girasol valía según el Diario La Nación en torno de los $ 36; e ) la botella de 1,5 litros, que según el Indec costaba en promedio $ 24, pasaría a costar en agosto luego de la eliminación del subsidio $ 31.

[3] La eliminación del fideicomiso beneficia a los exportadores del sector agropampeano exportador y perjudica a los consumidores en la medida que los precios suben y se alinean con los precios internacionales. La crítica supone además que la retención adicional del 1,2 % destinada al fideicomiso es soportada por los grandes exportadores y consecuentemente su eliminación los beneficia directamente (Aceitera General Deheza (Natura), Vicentin, Bunge Argentina, Cargill, LDC y Oleaginosa Moreno, Nidera y Molinos Rio de la Plata). Dado que este argumento supone que estos oligopsonistas no trasladan el 1,2 % hacia atrás de la cadena de comercialización, la eliminación no beneficia a los productores del campo y si a los propios exportadores.