Publicado en el Cronista del 1/12/2005

Una reducción de los elevados impuestos sobre el consumo residencial de electricidad provocaría un aumento relativo de los ingresos de la población de relevancia. Además, esta medida mejoraría la equidad distributiva, pues aectaría en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
A costo fiscales iguales, incluso, resulta mucho más efectiva que reducir el IVA, por ejemplo, pues impactaría directamente en los ingresos de la población.
La reducción del IVA a los productos de la canasta familiar, en cambio, requeriría para cumplir su cometido una reducción de los precios al consumidor.
La Nación, las provincias y los municipios gravan el consumo de electricidad de las familias argentinas. Las administraciones los prefieren porque son impuestos muy difíciles de evadir.
Sumando todos los niveles de gobierno, las familias pueden pagar en algunos casos en forma directa más del 70 %. Y este porcentaje subiría significativamente si se incluyen los que gravan el consumo de electricidad de comercios e industrias.
La Nación recauda el IVA y el 0,6 % que dispone la Ley 23.681. Las provincias lo hacen en forma variable. Le asignan nombre y porcentajes diversos: de asignación específica para financiar obras pública, financiar el alumbrado público, mantener a los entes reguladores provinciales, generar recursos con fines solidarios y otorgar subsidios al consumo de electricidad, entre otros. En algunas provincias superan el 20 %.Los municipios finalmente cobran tasas con elevada dispersión en todo el territorio. Y tienen también diversos nombres: tasa de inspección de medidores, tasas de instalaciones eléctricas y reposición de lámparas, derecho de uso del espacio aéreo y tasas solidarias, por ejemplo.
Los estudios de la Secretaría de Energía ha detectado municipios donde las diversas tasas pueden llegar al 30 % del consumo de electricidad.
El impuesto al consumo de electricidad es un impuesto a los pobres. Son las familias de menores ingresos las que destinan una mayor proporción de sus rentas al consumo de electricidad. Son las que realizan un mayor esfuerzo y contribuyen en mayor medida con impuestos y tasas que gravan la electricidad que consumen.
En tal sentido, se puede estimar que las familias más acomodadas pagan en impuestos al consumo de electricidad una cifra equivalente a menos del 1 % de su renta. Los más pobres, en cambio, lo hacen con una proporción mucho mayor, el 3,5 % estimativamente.
Reducir este tipo de tributos liberaría recursos y es una manera eficaz de aumentar los ingresos de la población, particularmente de los pobres.
Un aumento del ingreso real de las familias en un 2 % o 3 % no es una cifra menor, particularmente para los trabajadores no registrados y los del sector público, sectores que han percibido en menor medida los frutos de la recuperación económica.
Para algunos segmentos ocupacionales, la medida significaría un aumento en términos reales de sus ingresos superior al verificado desde la devaluación hasta acá. Y aún así, estarían comprando con sus ingresos menos bienes que los que compraban en el año 2002.